Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente al Acuerdo del Consejo de Ministros desestimatorio por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial por la que se reclamaba indemnización por los daños causados por la gestión de la pandemia de COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza la adopción de medidas positivas tendentes a impedir que los daños que denunciaban se siguieran produciendo, puesto que la premisa, la existencia de tales daños, no ha quedado debidamente acreditada.
Resumen: La Sala revoca la sentencia que condenaba por un delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género y absuelve al acusado de los hechos que se le imputan. Entre las garantías que incluye el principio acusatorio se encuentra la de que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este respecto que por "cosa" no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica. A efectos de la fijación de la acusación en el proceso, el instrumento procesal esencial es el escrito de conclusiones definitivas. En cuanto a la declaración de la víctima, prueba fundamental en este caso, no se cumple el requisito de la ausencia de incredibilidad subjetiva. Tampoco existen elementos periféricos de corroboración. El delito de maltrato habitual en la pareja exige un estado de agresión permanente, la existencia de una atmósfera irrespirable, siendo el bien jurídico protegido la paz familiar. Este delito no ha quedado acreditado, no habiendo acusación por otros posibles tipos penales. La absolución se impone.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de solicitud de inicio de expediente para determinación y reconocimiento de indemnización por requisa civil y subsidiaria solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador de reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas durante la pandemia COVID-19 por el Estado. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
